Suena bien pero huele mal; el cambio de D.F. a CDMX
La ilegitimidad de un cambio legítimo.
Por Eric German List Crespo de la Serna.
Un cambio de status jurídico y la invitación a un
constituyente, son antes que nada, asuntos de convocatoria. La constitución de
1857 fue producto de las guerras intestinas de un país que necesitaba rumbo.
Fue obra de una generación que peleó mayoritariamente contra la imposición
clasista de los conservadores y las instituciones, muchas veces extra
nacionales, que pretendían mantener privilegios, y que soñaban con un pasado
colonial y monárquico. La lucha por la legalidad del periodo de la Reforma
parió dos cosas: una Constitución y una victoriosa defensa de la Patria. Ambos
factores le dieron legitimidad.
La Constitución de 1917 a su vez, fue producto de la
convocatoria masiva de un pueblo que se alzaba contra, otra vez, los
privilegios de una clase oligárquica y brutal. La lucha, el alzamiento popular,
los millones de muertos, llamaron a formar un constituyente y le dieron
legitimidad. Entonces, en 1917, hubo mil intentos de suavizar el tono popular
del documento. Los sobrevivientes de la visión porfirista en muchos sentidos
buscaron que los artículos clave fueran menos radicales, menos revolucionarios,
pero la enorme presión del zapatismo, del villismo, de los obreros y del pueblo
en armas, generaron la presión suficiente para que la nueva Carta Magna tuviera
un tono ineludiblemente social, de derechos laborales, de reparto agrario, de
educación laica, libre y gratuita, de pertenencia de nuestros recursos
estratégicos. Ese espíritu originario desembocó posteriormente en la Expropiación
Petrolera y en la Nacionalización de la Industria Eléctrica.
Hoy vivimos un fenómeno sin duda histórico en el cambio de
mote oficial de la Ciudad de México, que dejará de ser un Distrito de la
Federación y se erigirá en un Estado de la República. El cambio suena bien,
pero si analizamos el contexto en el que se está dando, descubrimos que “suena
bien” pero huele mal mal. La creación de un Estado implica el necesario trabajo
formal en la redacción de un documento rector y fundacional: una constitución.
Ésta a su vez implica la convocatoria de un Congreso constituyente; ahí está el
meollo del asunto, pues en este llamado, subyace una pregunta: ¿Quién convoca y
con qué reglas, tanto al cambio de status jurídico, como al movimiento
constituyente?
En un reciente artículo del periódico La Jornada: “Historia
de un largo proceso legislativo”, firmado por Georgina Saldierna y Roberto Garduño
(http://www.jornada.unam.mx/2016/01/21/capital/031n2cap), se narra el camino
que ha tomado esta convocatoria. El presente intento no debe ser confundido con
la anterior propuesta de formar el Estado del Anáhuac, surgida de la oposición
al fraude del 1988, y sobre todo del momento histórico en que el Distrito
Federal se democratizaba logrando el primer alcalde electo en toda su historia.
Entonces la idea de hacer un Estado y un constituyente salían de un movimiento
cívico, renovador y democrático. Obviamente este intento contó con el freno de
las fuerzas más reaccionarias de la derecha y se impidió. Al contrario el
historial de esta nueva reforma, inicia en 2010, por propuesta de la
dinosáurica Senadora Priista María de los Ángeles Moreno. Luego, a través de
nuevas iniciativas y paquetes de reformas, se han ido sumando al camino de
cambio del estatuto político de la Ciudad de México, otros actores políticos.
Entre los nombres de los legisladores que han presionado este cambio en los
últimos años (del 2010 al 2015), podemos nombrar: del PRI, a la propia Senadora
Moreno, a Manlio Fabio Beltrones; del PAN a Mariana Gómez del Campo y a
Gabriela Cuevas; diversos senadores del PRD (que el artículo no menciona por
nombre, pero que señala que lo hicieron en 2013, en el reinado de los Chuchos
dentro del oscuro Pacto por México); del partido Verde al Senador Pablo Escudero…
Todos estos actores son parte del stablishment, que irónicamente, hace justo y
necesario un cambio de rumbo. Son la misma clase política que firmó el famoso
“Pacto por México”, con sus reformas contrarrevolucionarias, antipopulares,
netamente entreguistas, antisoberanas y plenamente favorecedoras de intereses
oligárquicos y extranjeros. ¿Es esta clase política, esta cámara alta, la
indicada para llamar a un constituyente para una ciudad plena de problemas
sociales y que por añadidura, es el epicentro de los problemas de toda la
federación mexicana?
Pero hay un factor más: el Delfín a quién le entregan esta
espectacular medida histórica, como un foro de cinco estrellas para
protagonizar el teatro político rumbo al 2018, es el Miguel Ángel Mancera. La
pregunta obligada ahora es: ¿El jefe de gobierno de la Ciudad tiene la calidad moral
y política para convocar un movimiento constituyente?
Recuérdese que Mancera y su predecesor, fueron los pioneros
en la policialización del ambiente mexicano. Con ellos, bajo la consigna
importada de Rudolph Giuliani, de “tolerancia cero”, se llenó la ciudad de
cámaras, de policías y de granaderos. Éstos terminaron el mandato de Ebrard e
iniciaron el nuevo ciclo, criminalizando la protesta social contra la toma de
poder de Peña, en diciembre del 2012. Hay que matizar que esa protesta social,
contra una elección más, de problemática legitimidad, estaba protagonizada por
los mismos electores del Distrito Federal que acababan de elegir a Mancera, por
ser parte de la coalición que enfrentaba el avasallamiento del PRI en las
elecciones presidenciales. La policía del GDF fue, en ese momento la fuerza de
choque del nuevo sexenio. Claro que el presente Jefe de gobierno no estaba
formalmente en el mando entonces, pero la estructura de filiación PRDista
obedecía inequívocamente ya a una dirección que ha sido consistente desde
entonces. El mando de Ebrard ya era solo nominal y acataba una política
recrudecida que ha sido estilo de esta administración. Luego, ante los ojos
asombrados de aquellos que creíamos que quedaba algo de civilidad en este país,
fueron esas mismas fuerzas (ya con el mando actual) las que participaron en el
cerco contra el pueblo, en la Cámara de Senadores (la casa de los
representantes del pueblo) cuando se aprobó la Reforma Energética. Ese cerco
fue el manifiesto del poder absoluto y despótico que teme al pueblo y es lejano
al pueblo. El ambiente de represión no se había visto en la ciudad de México
desde los tiempos de la guerra sucia y nunca dirigido al pueblo raso. En los
setenta la violencia era contra activistas y guerrilleros, no contra cualquiera
que estuviera cerca o pasando por la calle durante una manifestación. La
tendencia a criminalizar la protesta pública se ejerció también contra el
movimiento por la aparición de los 43 de Ayotzinapa y contra el movimiento
magisterial.
Esta jefatura además es la que, contra el sentido común, ha
desbocado los permisos de construcción de desarrollos habitacionales de lujo en
zonas residenciales céntricas y el permiso para edificar rascacielos. Todo esto
en una urbe a la que le faltan los servicios (como el agua), muchas veces
contra usos de suelo, casi siempre contra los deseos de colonos y contra la
tranquilidad de zonas habitacionales. Un matiz adicional muy grave de esta
política, es que en el afán de generar espacio para esta ola edificadora de
lujo, se ha alentado previamente una epidemia de demoliciones de casas y
edificios protegidos (en contubernio con el INAH), atentando contra el
patrimonio urbano e histórico. El crimen cultural es extenso y no cuantificado,
pero no hay que más que caminar por zonas de las colonias Roma, Juárez, San
Rafael, Cuauhtémoc, Tabacalera, Centro, Merced, entre muchas otras, para
constatar este desastre cultural.
Probablemente el clímax de este ambiente de concesiones irracionales
sea, a larga, la demolición del Aeropuerto Benito Juárez, para construir uno
nuevo sobre zonas de interés ecológico en la zona de Texcoco (cerrándose a
alternativas más viables económicamente) en favor, obviamente, de un futuro
desarrollo inmobiliario (esos terrenos valen oro).
Por añadidura, la presente es la administración que más ha
privatizado la vía pública al llenar las calles de parquímetros concesionados a
particulares, al generar sistemas de multas con participación privada (haciendo
de la cantidad de multas un negocio fructífero), al acribillar las calles de
anuncios espectaculares a ras de banqueta. En este tiempo, además, se ha
desplazado a la población de las zonas céntricas (que estaban en muy mal
estado) y al tiempo que se mejoran, se ha generado la sustitución de esa
población tradicional, por una población más hípster, diletante y pequeño
burguesa. Simultáneamente se han generado las condiciones legales, fiscales y
materiales para que las cadenas de franquicias del tipo de Oxxo, Starbucks y
similares, sustituyan al comercio tradicional.
El de Mancera es el gobierno que ha desaparecido las plazas
cívicas, llenándolas de eventos y espectáculos particulares con tal de evitar
que grupos inconformes hagan uso de su derecho de manifestación en esos
lugares.
El presente ejecutivo de la Ciudad, ha sido el martillo con
el que el sistema ha golpeado a grupos disidentes, como los profesores, contra
el yunque de la intolerancia de las clases medias y altas (que tratan de evadirse
de una realidad que se está cayendo en pedazos a su alrededor y que los
alcanzará eventualmente).
Sobre todo es la jefatura que más ha hecho por generar
bienestar en las zonas de privilegio, donde se trabaja espectacularmente, y que
ha dejado, como siempre a zonas como Iztapalapa, Iztacalco, Milpa Alta, entre
otras, rezagadas de los presupuestos y acciones cosméticas y glamorosas.
Una de las virtudes que el PRD, en sus tiempos más
convincentes (lejanos ya) hacía bien, era apelar a las consultas públicas como
barómetro del sentir ciudadano. Por ejemplo se apelaba a que la ciudadanía
refrendara los mandatos de los gobernantes en el D.F. Si Mancera se sometiera a
una consulta para la revocación de su mandato ¿Qué resultado obtendría?
Luego, hablando de consultas, cuando vino la debacle cívica
de la aprobación de la Reforma Energética, el PRD que hasta entonces había
participado en todas las demás reformas como parte del Pacto por México,
fingiendo locura, como si alguien pudiera no notar que el camino de ese acuerdo
desde el principio se encaminaba a la privatización del sector energético,
declaró, curándose en salud, que convocarían a una consulta en 2015 para “echar
para atrás la Reforma energética”. Ahora iniciando el 2016 descubrimos que el
compromiso del Partido de la Revolución Democrática con la democracia directa
era una pantalla. Ni se habla de consulta para revocar mandatos, ni se habla de
la prometida consulta para revocar las reformas peñanietistas. Simplemente se
apeló al olvido que normaliza el ambiente después de cualquier fregadera.
Antes de terminar una última reflexión qué me hace notar mi
hermano, con quién he pimponeado todas estas amarguras cíivicas: ¿Han notado
que en esta atmósfera de “mandos únicos”, las autoridades muestran una
tendencia interesante a borrar del léxico político mexicano la palabra
“Federal”. Primero desaparecen este vocablo del IFE, (ahora INE), con este
cambio de mote, la Capital del país pierde esa palabrita y con ella un tono
simbólico.
La presente administración de la ciudad llegó a gobernar
con legitimidad impecable, bajo el designio del electorado de la que para
entonces era la ciudad más progresista de México. A partir de entonces, ha
traicionado el mandato popular que le fue otorgado, al respaldar de las formas
más evidentes, las políticas contra las cuales votaron los ciudadanos de la
capital.
¿De verdad es para celebrar que esta clase política haga el
cambio y la nueva constitución de la ciudad, marcando el precedente para
generar un nuevo constituyente posterior, a nivel nacional, que dé forma
coherente a las Reformas estructurales, que hoy van a contrapelo con la
constitución soberana de 1917?
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