sábado, 13 de febrero de 2016

Papa y desmantelamiento del Estado Laico.



La visita del Papa Francisco y el desmantelamiento del Estado Laico.
Por Eric List
Es complejo opinar, no siendo católico en un país mayoritariamente católico, sobre la visita del Papa. No quiero caer en la equívoca sensación, generada en las redes sociales, de que hay un gran movimiento que se opone o es crítico a esta visita. Las redes sociales son una ilusión, de ninguna manera representan, como a menudo quieren hacernos creer, a la sociedad civil. Nuestro país es intensamente católico. No voy, por lo tanto a fingir demencia, y pensar que la visita del Sumo Pontífice, no es significativa, grata y hasta motivo de consuelo para mucha gente buena del país. En cambio si voy a criticar la hipocresía política que rodea a esta visita.
Los políticos mexicanos, de todas las tendencias, están demostrando un intenso desprecio por la institucionalidad ante la visita del Papa Francisco. Éste de entrada no está visitando el país como un Jefe de Estado, sino que viene en una visita supuestamente pastoral. Sin embargo, el Presidente de la República va a recibirlo en el aeropuerto y pretende, después, una ceremonia con el Papa en Palacio Nacional. La primera Dama se ostenta como la organizadora de homenajes discográficos, con los artistas de Televisa, para el más alto prelado de la Iglesia de Roma. Cuando termine la visita “pastoral” del Papa, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, habrá entregado las llaves de la Metropolis a “su Santidad”; los diputados de todas las fracciones, que le extendieron una invitación a la Cámara de Representantes de la Nación, habrán dado a un líder religioso un trato que no le dispensarían a otros líderes religiosos, políticos o sociales; los Gobernadores de los Estados por donde el jerarca religioso va a pasar, habrán derramado recursos de este país en crisis, para generar un camino escenográfico para el paso del famoso “papamóvil”.
Todo esto nos habla de desintegración institucional. Los políticos se olvidan que este es un Estado Laico. Dentro de esto, cierran los ojos al costo humano que ha pagado el país por lograr esta simple, pero básica característica de la civilidad.
Hay que recordar qué es un Estado Laico. De entrada es un sistema que no es anti religioso. Mucha gente se sorprendería en México al descubrir que “laico” no quiere decir “anticlerical”. Ser “laico” simplemente significa no pertenecer a la estructura institucional de alguna denominación religiosa. Laicos en nuestra sociedad somos todos, salvo los curas, las monjas, los obispos, cardenales, rabinos, pastores protestantes, etc. Dentro de esto hay que aclarar que la mayor parte de los “laicos” en esta sociedad profesan alguna religión. Hay laicos católicos, protestantes, judíos, budistas, musulmanes y ateos. La religiosidad, que es muy respetable, nos separa en grupos diferentes; la laicidad nos iguala.
En una República democrática, como debería ser México, la ley se ha formulado para que todos los ciudadanos seamos iguales ante el sistema. Un católico no debe tener más derechos dentro del Estado, que un protestante, un judío, un ateo o cualquier miembro de un culto o creencia diferente.  El Estado nos da, supuestamente, igual ciudadanía. Lejos de ser, como algunos afirman, un terreno para la persecución religiosa, la laicidad es la que asegura (por eso nació), que no exista ese horror que tantos muertos ha causado a lo largo de la historia.
Actualmente la mayor parte de los países son laicos. Sin embargo hay una tendencia regresiva en muchos puntos de la geografía planetaria, a su contrario: la teocracia. Así, como un ejemplo, algunos Estados del Medio Oriente y Asia han generado recientemente Estados Islámicos, donde tan solo unos años antes había Estados Laicos. En éstos, ser Cristiano implica una ciudadanía de segunda. Simplemente no existe un derecho igual para todos los habitantes de esos países, y en cambio hay evidentes privilegios para unos y discriminación para otros. La discriminación puede en casos ser hasta peligrosa. Por ejemplo tengo entendido, que en esos Estados musulmanes, el ateísmo está criminalizado, ciertas prácticas sexuales no aprobadas por las autoridades religiosas lo están también y otras muchas cosas y costumbres, como la plena ciudadanía de la mujer, simplemente se niegan en una ley formulada bajo la óptica de un credo específico. Un Estado religioso o confesional simplemente es contrario a la diversidad de creencias.
Análogamente en nuestra sociedad, grupos religiosos extremos, pugnan por diferenciar los derechos civiles de personas con preferencias distintas, por acotar la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo, por censurar algunas manifestaciones culturales diferentes a su visión del universo, entre otras cosas.
Cuando los representantes de un Sistema Político actúan demagógicamente para mimetizarse con las creencias de la mayoría, olvidando o dejando de lado su deber de representar a las minorías también, entonces el Estado declara, inherentemente, subordinación a los intereses de una entidad institucional, extra-estatal y extra-nacional. Un Estado subordinado es un Estado cuasi inexistente; sus ciudadanos, vasallos de otra ley.
Las sociedades sanas deben saber distinguir con claridad aquello que es de orden religioso y aquello que es civil. Son realidades que tienen que estar separadas y delimitadas. No deben ser contrarias para aquellos que son religiosos, sino complementarias. Para los que no lo son, sana y pulcramente respetadas. Para los que profesan distintas creencias, deben ser generadoras de convivencia igualitaria y equitativa, sin importar su demografía.
Cuando los políticos en su puesto olvidan la distancia institucional (personalmente pueden comportarse como quieran) que deben mostrar ante la religión, no se están acercando al pueblo, como nos quieren hacer creer, sino que se están alejando de su deber. Están cayendo en una demagogia peligrosa que desdibuja los límites de la ley y que traiciona su deber jurado ante la sociedad. Están protagonizando un fraude, un mal uso de funciones; están delinquiendo alevosamente.
Yo me quedaré siempre con el pensamiento de aquellos que han sabido delimitar sanamente los diferentes ámbitos del quehacer, creer y de la convivencia humana, en orden de procurar limpieza, armonía, igualdad ante la ley, paz y concordia. El teórico más antiguo que me viene a la mente, que entendió y predicó la separación entre Religión y Estado, es aquel que dijo: “Dad al cesar lo que es del Cesar y Dios lo que es de Dios”. A su vez el Religioso más antiguo que aparece en mi memoria, que entendió esa misma separación, es aquel que afirmó: “Mi reino no es de este mundo”… ¿Lo habrán leído con cuidado los políticos mexicanos y el Papa?

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lunes, 1 de febrero de 2016

Cambio a CDMX, suena bien, huele mal.



Suena bien pero huele mal; el cambio de D.F. a CDMX
La ilegitimidad de un cambio legítimo.
Por Eric German List Crespo de la Serna.

 
Un cambio de status jurídico y la invitación a un constituyente, son antes que nada, asuntos de convocatoria. La constitución de 1857 fue producto de las guerras intestinas de un país que necesitaba rumbo. Fue obra de una generación que peleó mayoritariamente contra la imposición clasista de los conservadores y las instituciones, muchas veces extra nacionales, que pretendían mantener privilegios, y que soñaban con un pasado colonial y monárquico. La lucha por la legalidad del periodo de la Reforma parió dos cosas: una Constitución y una victoriosa defensa de la Patria. Ambos factores le dieron legitimidad.
La Constitución de 1917 a su vez, fue producto de la convocatoria masiva de un pueblo que se alzaba contra, otra vez, los privilegios de una clase oligárquica y brutal. La lucha, el alzamiento popular, los millones de muertos, llamaron a formar un constituyente y le dieron legitimidad. Entonces, en 1917, hubo mil intentos de suavizar el tono popular del documento. Los sobrevivientes de la visión porfirista en muchos sentidos buscaron que los artículos clave fueran menos radicales, menos revolucionarios, pero la enorme presión del zapatismo, del villismo, de los obreros y del pueblo en armas, generaron la presión suficiente para que la nueva Carta Magna tuviera un tono ineludiblemente social, de derechos laborales, de reparto agrario, de educación laica, libre y gratuita, de pertenencia de nuestros recursos estratégicos. Ese espíritu originario desembocó posteriormente en la Expropiación Petrolera y en la Nacionalización de la Industria Eléctrica.
Hoy vivimos un fenómeno sin duda histórico en el cambio de mote oficial de la Ciudad de México, que dejará de ser un Distrito de la Federación y se erigirá en un Estado de la República. El cambio suena bien, pero si analizamos el contexto en el que se está dando, descubrimos que “suena bien” pero huele mal mal. La creación de un Estado implica el necesario trabajo formal en la redacción de un documento rector y fundacional: una constitución. Ésta a su vez implica la convocatoria de un Congreso constituyente; ahí está el meollo del asunto, pues en este llamado, subyace una pregunta: ¿Quién convoca y con qué reglas, tanto al cambio de status jurídico, como al movimiento constituyente?
En un reciente artículo del periódico La Jornada: “Historia de un largo proceso legislativo”, firmado por Georgina Saldierna  y Roberto Garduño (http://www.jornada.unam.mx/2016/01/21/capital/031n2cap), se narra el camino que ha tomado esta convocatoria. El presente intento no debe ser confundido con la anterior propuesta de formar el Estado del Anáhuac, surgida de la oposición al fraude del 1988, y sobre todo del momento histórico en que el Distrito Federal se democratizaba logrando el primer alcalde electo en toda su historia. Entonces la idea de hacer un Estado y un constituyente salían de un movimiento cívico, renovador y democrático. Obviamente este intento contó con el freno de las fuerzas más reaccionarias de la derecha y se impidió. Al contrario el historial de esta nueva reforma, inicia en 2010, por propuesta de la dinosáurica Senadora Priista María de los Ángeles Moreno. Luego, a través de nuevas iniciativas y paquetes de reformas, se han ido sumando al camino de cambio del estatuto político de la Ciudad de México, otros actores políticos. Entre los nombres de los legisladores que han presionado este cambio en los últimos años (del 2010 al 2015), podemos nombrar: del PRI, a la propia Senadora Moreno, a Manlio Fabio Beltrones; del PAN a Mariana Gómez del Campo y a Gabriela Cuevas; diversos senadores del PRD (que el artículo no menciona por nombre, pero que señala que lo hicieron en 2013, en el reinado de los Chuchos dentro del oscuro Pacto por México); del partido Verde al Senador Pablo Escudero… Todos estos actores son parte del stablishment, que irónicamente, hace justo y necesario un cambio de rumbo. Son la misma clase política que firmó el famoso “Pacto por México”, con sus reformas contrarrevolucionarias, antipopulares, netamente entreguistas, antisoberanas y plenamente favorecedoras de intereses oligárquicos y extranjeros. ¿Es esta clase política, esta cámara alta, la indicada para llamar a un constituyente para una ciudad plena de problemas sociales y que por añadidura, es el epicentro de los problemas de toda la federación mexicana?
Pero hay un factor más: el Delfín a quién le entregan esta espectacular medida histórica, como un foro de cinco estrellas para protagonizar el teatro político rumbo al 2018, es el Miguel Ángel Mancera. La pregunta obligada ahora es: ¿El jefe de gobierno de la Ciudad tiene la calidad moral y política para convocar un movimiento constituyente?
Recuérdese que Mancera y su predecesor, fueron los pioneros en la policialización del ambiente mexicano. Con ellos, bajo la consigna importada de Rudolph Giuliani, de “tolerancia cero”, se llenó la ciudad de cámaras, de policías y de granaderos. Éstos terminaron el mandato de Ebrard e iniciaron el nuevo ciclo, criminalizando la protesta social contra la toma de poder de Peña, en diciembre del 2012. Hay que matizar que esa protesta social, contra una elección más, de problemática legitimidad, estaba protagonizada por los mismos electores del Distrito Federal que acababan de elegir a Mancera, por ser parte de la coalición que enfrentaba el avasallamiento del PRI en las elecciones presidenciales. La policía del GDF fue, en ese momento la fuerza de choque del nuevo sexenio. Claro que el presente Jefe de gobierno no estaba formalmente en el mando entonces, pero la estructura de filiación PRDista obedecía inequívocamente ya a una dirección que ha sido consistente desde entonces. El mando de Ebrard ya era solo nominal y acataba una política recrudecida que ha sido estilo de esta administración. Luego, ante los ojos asombrados de aquellos que creíamos que quedaba algo de civilidad en este país, fueron esas mismas fuerzas (ya con el mando actual) las que participaron en el cerco contra el pueblo, en la Cámara de Senadores (la casa de los representantes del pueblo) cuando se aprobó la Reforma Energética. Ese cerco fue el manifiesto del poder absoluto y despótico que teme al pueblo y es lejano al pueblo. El ambiente de represión no se había visto en la ciudad de México desde los tiempos de la guerra sucia y nunca dirigido al pueblo raso. En los setenta la violencia era contra activistas y guerrilleros, no contra cualquiera que estuviera cerca o pasando por la calle durante una manifestación. La tendencia a criminalizar la protesta pública se ejerció también contra el movimiento por la aparición de los 43 de Ayotzinapa y contra el movimiento magisterial.
Esta jefatura además es la que, contra el sentido común, ha desbocado los permisos de construcción de desarrollos habitacionales de lujo en zonas residenciales céntricas y el permiso para edificar rascacielos. Todo esto en una urbe a la que le faltan los servicios (como el agua), muchas veces contra usos de suelo, casi siempre contra los deseos de colonos y contra la tranquilidad de zonas habitacionales. Un matiz adicional muy grave de esta política, es que en el afán de generar espacio para esta ola edificadora de lujo, se ha alentado previamente una epidemia de demoliciones de casas y edificios protegidos (en contubernio con el INAH), atentando contra el patrimonio urbano e histórico. El crimen cultural es extenso y no cuantificado, pero no hay que más que caminar por zonas de las colonias Roma, Juárez, San Rafael, Cuauhtémoc, Tabacalera, Centro, Merced, entre muchas otras, para constatar este desastre cultural.
Probablemente el clímax de este ambiente de concesiones irracionales sea, a larga, la demolición del Aeropuerto Benito Juárez, para construir uno nuevo sobre zonas de interés ecológico en la zona de Texcoco (cerrándose a alternativas más viables económicamente) en favor, obviamente, de un futuro desarrollo inmobiliario (esos terrenos valen oro).
Por añadidura, la presente es la administración que más ha privatizado la vía pública al llenar las calles de parquímetros concesionados a particulares, al generar sistemas de multas con participación privada (haciendo de la cantidad de multas un negocio fructífero), al acribillar las calles de anuncios espectaculares a ras de banqueta. En este tiempo, además, se ha desplazado a la población de las zonas céntricas (que estaban en muy mal estado) y al tiempo que se mejoran, se ha generado la sustitución de esa población tradicional, por una población más hípster, diletante y pequeño burguesa. Simultáneamente se han generado las condiciones legales, fiscales y materiales para que las cadenas de franquicias del tipo de Oxxo, Starbucks y similares, sustituyan al comercio tradicional.
El de Mancera es el gobierno que ha desaparecido las plazas cívicas, llenándolas de eventos y espectáculos particulares con tal de evitar que grupos inconformes hagan uso de su derecho de manifestación en esos lugares.
El presente ejecutivo de la Ciudad, ha sido el martillo con el que el sistema ha golpeado a grupos disidentes, como los profesores, contra el yunque de la intolerancia de las clases medias y altas (que tratan de evadirse de una realidad que se está cayendo en pedazos a su alrededor y que los alcanzará eventualmente).
Sobre todo es la jefatura que más ha hecho por generar bienestar en las zonas de privilegio, donde se trabaja espectacularmente, y que ha dejado, como siempre a zonas como Iztapalapa, Iztacalco, Milpa Alta, entre otras, rezagadas de los presupuestos y acciones cosméticas y glamorosas.
Una de las virtudes que el PRD, en sus tiempos más convincentes (lejanos ya) hacía bien, era apelar a las consultas públicas como barómetro del sentir ciudadano. Por ejemplo se apelaba a que la ciudadanía refrendara los mandatos de los gobernantes en el D.F. Si Mancera se sometiera a una consulta para la revocación de su mandato ¿Qué resultado obtendría?
Luego, hablando de consultas, cuando vino la debacle cívica de la aprobación de la Reforma Energética, el PRD que hasta entonces había participado en todas las demás reformas como parte del Pacto por México, fingiendo locura, como si alguien pudiera no notar que el camino de ese acuerdo desde el principio se encaminaba a la privatización del sector energético, declaró, curándose en salud, que convocarían a una consulta en 2015 para “echar para atrás la Reforma energética”. Ahora iniciando el 2016 descubrimos que el compromiso del Partido de la Revolución Democrática con la democracia directa era una pantalla. Ni se habla de consulta para revocar mandatos, ni se habla de la prometida consulta para revocar las reformas peñanietistas. Simplemente se apeló al olvido que normaliza el ambiente después de cualquier fregadera.
Antes de terminar una última reflexión qué me hace notar mi hermano, con quién he pimponeado todas estas amarguras cíivicas: ¿Han notado que en esta atmósfera de “mandos únicos”, las autoridades muestran una tendencia interesante a borrar del léxico político mexicano la palabra “Federal”. Primero desaparecen este vocablo del IFE, (ahora INE), con este cambio de mote, la Capital del país pierde esa palabrita y con ella un tono simbólico.
La presente administración de la ciudad llegó a gobernar con legitimidad impecable, bajo el designio del electorado de la que para entonces era la ciudad más progresista de México. A partir de entonces, ha traicionado el mandato popular que le fue otorgado, al respaldar de las formas más evidentes, las políticas contra las cuales votaron los ciudadanos de la capital.
¿De verdad es para celebrar que esta clase política haga el cambio y la nueva constitución de la ciudad, marcando el precedente para generar un nuevo constituyente posterior, a nivel nacional, que dé forma coherente a las Reformas estructurales, que hoy van a contrapelo con la constitución soberana de 1917?

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